La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará procesos judiciales de la mano con la Secretaría de Hacienda, el Infonavit y el IMSS para aplicar una «sanción ejemplar» que ponga un freno al outsourcing ilegal que hay en el país y que trae afectaciones al fisco, calculadas en el último año por 277,000 millones de pesos, además de que lejos de disminuir con la reforma laboral, se mantiene una creciente simulación en la contratación de los trabajadores.

En entrevista, Rafael Avante, subsecretario de Trabajo y Previsión Social, explicó que en las próximas semanas se convocará al «grupo de trabajo de combate a los esquemas abusivos de contratación laboral», porque si bien ya intercambiaban información «es momento de dar un siguiente paso; tenemos operativos y se han logrado avances importantes pero no hemos podido inhibir las conductas que se presentan en contra de los trabajadores; además hemos detectado que se empiezan a presentar escenarios en donde se ha vuelto sencillo inventar esquemas».

La mecánica que utilizará la autoridad laboral es que los trabajadores denuncien, a través de la Profedet, el abuso de la empresa contratista, para que «los defendamos por medio de la Procuraduría de Defensa a los Trabajadores y hasta llegar, ya sea a las Juntas de Conciliación o los tribunales laborales (en caso de que ya existan), y presentar la denuncia, tenemos que aplicar sanciones ejemplares.

La ley estipula que un mal uso del esquema de subcontratación podría derivar en una multa de hasta 5,000 salarios mínimos».

Avante explicó que las acciones que emprenderán no sólo estarán enfocadas a las empresas, sino a los asesores, incluyendo abogados, que ofrecen esquemas de evasión, simulación y que lo hacen solo por el hecho de que los han utilizado en varias empresas y hasta ahora no han sido sancionados.

«Ahora identificaremos casos concretos, con nombre y apellido; primero tendremos personas a las que podamos asistir legalmente para que exijan a los contratantes que funjan como verdaderos patrones, y, si avanzamos, vamos a mandar un mensaje claro de que empezaremos a exigir que quienes pretendan darle vuelta a la ley, a través de la subcontratación, tendrían que asumir sus responsabilidades», afirmó.

Aunque no existen datos precisos del número de empresas que realizan subcontratación, la firma Staffing Industry Analysts refiere que en México existen cerca de 900 empresas de subcontratación, de las cuales sólo 100 se encuentran inscritas en el IMSS, y de ellas sólo 40% paga impuestos.

«Resulta que tenemos trabajadores que tienen hasta cinco patrones, y que además, reciben regalías por derecho de autor; imaginen a un cajero de un banco o de una tienda de autoservicio recibiendo sus regalías por derecho de autor, eso ya es inconcebible», criticó Avante.

Especialistas que acudieron al 4 Foro Panorama de la Tercerización organizado por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) detallaron que, según el documento «Programa de ejemplaridad 2017» de la SHCP, el uso de estos esquemas supera la cantidad de 277,000 millones de pesos.

Entre las conductas detectadas están los esquemas agresivos, como la venta de facturas, sindicatos, simulación de outsourcing, etcétera.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calcula que las pérdidas al fisco por el outsourcing ilegal ascienden a 277,000 millones de pesos en el último año.

Rafael Avante, subsecretario de Trabajo y Previsión Social, participó en un foro organizado por la AMECH.

(Fuente: El Economista, Información ,Empresas y Negocios ,María del Pilar Martínez, P27, 23/08/2017)