Reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) no debe caer en una sobrerregulación; se debe considerar que en el país 80% son pequeñas y medianas empresas, por lo que se debe ofrecer flexibilidad para evitar la informalidad y mantener la inversión en el país, expresaron representantes de la Iniciativa Privada (IP). En la cuarta mesa de las audiencias públicas sobre la reforma laboral, celebrada en la Cámara de Diputados, los empresarios hicieron fuertes críticas a la propuesta de reforma que presentó el grupo parlamentario de Morena, en principio porque se elimina el tripartismo —participación de gobierno, trabajadores y patrones— en el organismo autónomo que debe crear el gobierno federal para la conciliación y el registro de sindicatos.
Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmó que el sector que representa tiene interés en la reforma laboral de seguridad jurídica a los trabajadores, así como leyes flexibles que permitan seguir la inversión en el país. En entrevista posterior a su participación, el presidente del CCE afirmó que las huelgas son parte de un derecho laboral, pero si se afecta a los centros de trabajo, entonces se pone en riesgo el crecimiento del país. “Si algún trabajador quiere hacer huelga, ese es un derecho, pero sabe que podría afectar su centro de trabajo. Si la mayoría de los trabajadores están dispuestos a hacer una huelga, aun afectando al centro de trabajo, bueno, vamos a tener situaciones en las que en vez de crecer 2%, no vamos a crecer”.
A esta crítica siguieron el hecho de que se haya convertido “tortuoso” llevar adelante la rescisión de trabajadores, “es más fácil el juicio de un divorcio que rescindir un contrato”, dijo Manuel García Garrido, representante del sector de la construcción. Asimismo, se puso en la mesa que se dé a los trabajadores la decisión de pertenecer o no a un sindicato; no sólo de elegir líderes y sindicato, sino de elegir no ser sindicalizados. En tanto, Tomás Natividad Sánchez, presidente de la Comisión Laboral del CCE, afirmó que con la propuesta de reforma “hay un gran riesgo y se desconoce cómo operan las ramas y las organizaciones sindicales. Hay cinco tipos de sindicatos en el país y pretender que se de entrada a un nuevo tipo de sindicatos rompe con toda la estructura, rompe la legislación que por más de 40 años ha dado paz laboral, además de que generará inseguridad jurídica”.
La única voz en defensa de la reforma laboral fue la de Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, quien expuso que “se trata de poner distancia del sector empresarial, de cómo se organizan los sindicatos y los trabajadores. Se apuesta a una transformación del sector empresarial que debe renunciar a la simulación; y en todo caso aprender a negociar”. Además, sostuvo que en el país 90% de los contratos colectivos de trabajo son de protección, y “México es uno de los pocos países donde se da este ejercicio”.
(Fuente: El Economista / Internet, Información, 00:08, 01/03/2019)
