Uno de los aspectos de la nueva  reforma laboral es transferir los juicios laborales, es decir, las juntas de conciliación y arbitraje que se realizaban en el Ejecutivo amanos del Poder Judicial, a fin de mejorar el proceso, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas?, ¿cómo pueden afrontar estas modificaciones? Y ¿les beneficia o perjudica? Empecemos por mencionar que los juicios laborales se dan cuando no se tienen claras las condiciones laborales del trabajador y, de acuerdo con datos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2018 se registraron 575,786 juicios laborales, o un incremento de 8%: respecto al 2017.

De los conflictos presentados, 226,886 fueron individuales, de estos 88.1% fue por despido injustificado.

Además, 50.3% de los conflictos de trabajo (individuales y colectivos) se solucionó por convenio, mientras que 26.4% fue por desistimiento y 11.4%, laudo.

Al respecto, Lorena Romero, experta y catedrática de Derecho de la Escuela Bancaria y Comercial, considera el cambio como un acierto para las pymes, debido a que las juntas de conciliación y arbitraje se prestaban a malas prácticas y extorsiones, tanto para el trabajador como para el empleador.

Además era un proceso tardado, hasta seis años, que estaba a cargo de gestores laborales que en realidad eran «asesores de banqueta», que en su mayoría no contaban con una profesión en derecho laboral o eran líderes sindicales que por medio de sus abogados brindaban asesoría.

«El proceso empresarial le va ayudar al microempresario a tener abogados de oficio, que no son gestores», dice Romero.

La catedrática destaca dos problemas en las pymes: el primero es que las pequeñas y medianas empresas no tienen un orden en su documentación y muchos de los pagos se hacen en efectivo, y el segundo es que no cuentan con la asesoría suficiente para llevar a cabo una demanda laboral.

«Ahora van a poder tener un proceso más transparente, que desde el día uno de la demanda se va a ir a las verdaderas pruebas de la relación laboral», y no a lo que decía el empleado.

«El patrón siempre estuvo desprotegido en un proceso conciliatorio en esas juntas, porque toda la vida era, ‘pruébame que efectivamente porque así te lo decía la ley- tú, patrón, vas a tener que probarme que todo lo que dice el trabajador es contrario’, entonces imagínate un microempresario que tiene una ganancia anual de 2 millones de pesos y gasta 600,000 pesos por un juicio mal atendido, ¿dónde queda? Y en ¿qué posición lo deja?».

Antes el trabajador podía decir que ganaba más, y como no se acreditaba la forma de pago, la junta de conciliación le daba entrada a esa demanda e iniciaba el proceso o cuando el trabajador terna múltiples faltas y exigía el pago de esos días.

Por ello, Romero le recomienda a los microempresarios tener en orden la documentación para que, en caso de que llegue una demanda, se tengan los papeles necesarios y llegue a una resolución lo antes posible.

La nueva ley también apuesta por cambiar el contrato colectivo por un modelo nuevo para atender el contrato laboral y disminuir el tiempo de solución que antes tardaba años y ahora, desde una primera audiencia se pueda llegar a una buena conciliación, «pero no es lo mismo la mediación de un juez de un tribunal, a un conciliador, porque el juez aterriza ambas partes».

Lo más importante es que el microempresario va a tener más asesoría de cómo defenderse y de cómo aplicar la reforma.

Romero destaca otro punto importante en la nueva ley que es el apoyo alas mujeres en caso de acoso, ello porque el Ejecutivo no podía pronunciarse en materia penal, aunado se daban estas situaciones y con «el poder que te da llegar a un tribunal es que puedan sumarse más autoridades como el Ministerio Público y pedir pruebas que antes no se podían hacer porque la junta de conciliación decía: ‘No es un juicio, es un proceso de conciliación; si quieres, tienes que hacer por tu cuenta , en otra controversia diferente'».

Por último, Romero dice que el empresario no esta solo y que puede acudir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a solicitar capacitación en materia laboral y poner en orden su documentación o ase sorarseante un juicio laboral.

Ahora van a poder tener un proceso más transparente, que desde el día uno de la demanda se va a ir a las verdaderas pruebas de la relación laboral».

El proceso empresarial le va ayudar al mi croempresario a tener abogados de oficio, que no son gestores».

Uno de los problemas de las pymes es que no tienen la asesoría suficiente para llevar a cabo una demanda laboral.

(Fuente: El Economista, Información ,Empresas y Negocios ,Elizabeth Meza Rodríguez, P25, 21/08/2019)