El Gobierno mexicano tendrá que tomar una decisión entre lograr un mal acuerdo o no llegar a acuerdo alguno en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aseguró ayer Ricardo Ramírez, juez mexicano de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Durante un seminario sobre el acuerdo comercial organizado por la Universidad Panamericana y El Colegio de la Frontera Norte, advirtió que en toda propuesta estadounidense estará presente el objetivo de reducir el déficit comercial con México, así como una postura de corte aislacionista y proteccionista.

«El Gobierno de México va a tener que tomar una decisión, entre un mal acuerdo y un no-acuerdo», señaló.

«La gran pregunta es: Qué es mejor ¿vas a tener en cuatro o en tres años la disponibilidad para reiniciar una negociación de cero, o es más fácil, en cuatro o cinco años sentarte con otra administración en Estados Unidos a corregir todo lo que quizá no quedó como tú querías?».

El abogadoa externó que sin el acuerdo con EU y Canadá, México se sometería a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, escenario que no es el ideal, pues por ejemplo, los aranceles agrícolas que tiene el país son altísimos.

«¿Qué va a hacer el Gobierno cuando tenga disyuntivas de bajar arancel? ¿cómo lo bajo y a cuánto lo bajo? Va a haber una fila de sectores en la Secretaría de Economía pidiendo excluirse o que se les dé liberalización a los que quieren importar; y será la mejor coyuntura para los sectores que quieren protegerse», refirió.

«Ésa es la decisión que va a tener que enfrentar el Gobierno».

De acuerdo con el experto en política comercial, empezar en algunos años de cero la negociación del tratado sería más complicado.

Aclaró que esta decisión no se va a tomar antes de que finalice el año.

«Yo no creo que sea México el que se pare de la mesa. Si hay alguien, creo que indicaría que es EU», expresó.

Con o sin TLC, estimó Ramírez, el país debe prepararse con políticas en lo industrial y agrícola, impulsando la disminución de la desigualdad y fortaleciendo el Estado de Derecho y el combate a la corrupción.

Fuente; Reforma Sección Nacional 17/10/17