Celebra IP Ley de Mejora Regulatoria

Publicado: 27 abril, 2018

El Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex celebraron la aprobación, por parte del Senado, de la Ley General de Mejora Regulatoria y reconoció a los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias por su apoyo. Con esta legislación, las entidades federativas y municipios deberán homologar sus códigos y procedimientos, reduciendo así los costos de transacción, que afectan particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, dijo el CCE.

Ello permitirá abatir el costo regulatorio para el País, que asciende a 8 por ciento del PIB, añadió. 

La mejora regulatoria también beneficiará a los ciudadanos, que verán reducidos y simplificados los trámites que deben realizar ante autoridades y contribuirá en el combate a la corrupción.

El impulso decidido a la mejora regulatoria ha sido una de las principales propuestas del sector privado para incrementar la competitividad de la economía y la generación de empleos, dijo.

“Hoy, para abrir y operar un negocio, es necesario destinar tiempo y recursos excesivos, lo que impide a millones de empresas pequeñas y medianas enfocarse en la productividad y la generación de valor y puestos de trabajo”, refirió el organismo a través de un comunicado.

De acuerdo con el CCE, con esta nueva ley México podrá avanzar hacia un modelo que incentive la inversión, el emprendimiento y el empleo, al facilitar la creación y operación de nuevas empresas.

En tanto, la Coparmex dijo que esta ley es un mecanismo indispensable para mejorar el entorno en el que interactúan todos los poderes y órganos constitucionales autónomos.

Afirmó que con esta aprobación las autoridades deberán cumplir con la publicación en una sola plataforma digital accesible para todo el público, tres registros nacionales sumamente relevantes para combatir la corrupción y para impulsar la competitividad.

Además se deberá facilitar la denuncia ciudadana ante irregularidades administrativas, actos de corrupción o algún abuso de autoridad, mediante la presentación de una protesta vía electrónica o presencial, teniendo que responder la autoridad en un plazo de tan sólo cinco días.

Además de hacer uso de expedientes electrónicos para simplificar el cumplimiento de requisitos documentales y facilitar la resolución de trámites y servicios entre diversas autoridades; participación ciudadana directa en la política de simplificación de regulaciones y trámites existentes, así como el diseño de la estrategia de mejora regulatoria continua.

De igual forma, realizar forzosamente los poderes ejecutivos del orden federal, estatal y municipal, consultas públicas ante una futura regulación para que los ciudadanos y las empresas puedan emitir su opinión con anticipación.

Fuente: Reforma, Sección Negocios, Abril 27, 2018

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