De cara a la elección presidencial del próximo 1 de julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo CoordinadorEmpresarial (CCE) ya fijaron sus prioridades y exigieron a los partidos políticos y candidatos conocer sus propuestas concretas al respecto. Más y mejores empleos; finanzas sanas y competitividad fiscal; seguridad; Estado de Derecho, combate a la corrupción y ala impunidad; educación de calidad e innovación; desarrollo regional sostenible, y oportunidades para un México incluyente son las siete demandas puntuales de los empresarios agrupados en la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos Walther, hechas públicas a través del Manifiesto México.
La agenda del CCE, titulada México Mejor Futuro, que a decir de Juan Pablo Castañón, su presidente, recoge el sentir de la sociedad en los temas que son fundamentales para el país, consta de cinco ejes: construir un México seguro, con legalidad y justicia; próspero e innovador, con más crecimiento y empleo; con igualdad de oportunidades; forjar un país con gobiernos eficientes y transparentes, y uno sustentable que preserva sus recursos naturales.
«México Mejor Futuro.
Allí planteamos una agenda integral de políticas públicas para alcanzar ese objetivo a través de cinco ejes y más de 300 propuestas», explicó el líder empresarial frente al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 20 de marzo, durante la 35a Asamblea Anual Ordinaria del CCE.
«En una verdadera democracia, la mejor manera de gobernar a un país no es acatando la voluntad de una sola persona o partido político, sino de toda la sociedad, respetando ante todo, el Estado democrático de Derecho», cita el referido manifiesto.
Los empresarios de la Coparmex hicieron un llamado a los partidos, candidatos y autoridades a comprometerse «ano conservar resabios, ni mucho menos regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad y el enorme desperdicio de recursos públicos que ha mantenido al país muy por debajo de su potencial».
Y exhortaron a la sociedad civil a asumir su «irrenunciable responsabilidad de participar en concordia, con tolerancia y respeto, con orden institucional y desde luego con exigencia, en la consolidación de la democracia».
En materia de empleos, urgieron a concretar una nueva cultura salarial, cuyo primer paso sea alinear el salario mínimo general hasta la línea de bienestar personal establecida por el Coneval, de forma consistente cada año, desde el que está en curso y hasta el 2020.
Desde la óptica empresarial, se requiere reformar la legislación laboral para crear esquemas modernos y flexibles que fomenten el primer empleo, una mejor equidad laboral entre géneros y la contratación de personas que no se ajustan al modelo actual.
Pidieron también la conformación de un consejo fiscal independiente, adscrito al Congreso de la Unión para vigilar la sostenibilidad fiscal y formular pronósticos y recomendaciones en materia de ingreso, gasto y deuda públicos.
«Implementar una nueva reforma fiscal que promueva el crecimiento económico, un aumento de la base de contribuyentes, simplificación de los esquemas de tributación y tasas impositivas competitivas a nivel global» e «instalar una política de deuda y gasto públicos con controles para prevenir la asignación discrecional de recursos y que otorgue al poder Legislativo un papel central en la definición y aprobación del endeudamiento y gasto enfocados a promover la igualdad de oportunidades, movilidad social y el crecimiento económico con bienestar».
Consideran indispensable también mejorar estándares y perfiles de selección, formación, remuneración, actuación, evaluación y equipamiento de los policías, ministerios públicos y jueces, con un monitoreo permanente.
Para garantizar la autonomía, independencia y eficacia de la Fiscalía General de la República, estiman necesario reformar de manera integral el Artículo 102 de la Constitución, además de asegurar la independencia y coordinación de las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales en la materia mediante procesos abiertos, transparentes y con rendición de cuentas.
«Compromiso inequívoco de investigar y promover que se sancione, con el debido proceso, todo uso o apropiación ilegítima de recursos públicos, del pasado, del presente y del futuro gobierno, sin distinción de origen partidista o jerarquía, recuperan dolo extraído del patrimonio público», refieren.
Establecer una estrategia integral de inversión pública en infraestructura que considere necesidades de corto y largo plazos en todos los niveles de urbanización y revierta los ocho años de crecimiento negativo en este rubro es otra de las demandas puntuales y transitar a un modelo universal de financiamiento de la prevención y la salud con participación transversal del sector privado, mecanismos de regulación y rendición de cuentas en conjunto con la sociedad civil.
La cúpula empresarial del CCE exigió la instauración de un gobierno que camine al lado de la sociedad y elimine obstáculos a la iniciativa de las personas y de las empresas.
(Fuente: El Economista, Información ,Primera Plana ,Rolando Ramos, P1, 04/04/2018)
