Presuntamente simularon operaciones con facturas falsas. Critican expertos la criminalización que existe en la Reforma Penal fiscal
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incorporó a unas 700 empresas en su lista negra por presunción de que simularon operaciones inexistentes mediante la emisión o deducción de facturas falsas, aseguró Enrique Ramírez, presidente de la International Fiscal Association en México.
«Empezamos el año con más de 700 demandas contra supuestas EFOs (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y EDOs (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) ante la Fiscalía General de la República (FGR), algunas son de Monterrey, para alertarlos, por si alguien pensaba que el SAT no venía en serio», sentenció ante unos 500 afiliados a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Capítulo Nuevo León.
«Más de 700 (empresas) es una barbaridad, me consta que vienen en serio, no es una leyenda por lo que tenemos qué ser muy puntuales en que ahorrar dinero en la cuestión fiscal crea riesgos enormes a partir de este año».
Reginaldo Esquer, presidente de la comisión fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que aun hay signos de inconstitucionalidad y violación de derechos humanos que el sector empresarial discute con la autoridad.
Aseguró que la llamada «Reforma Penal Fiscal», que «criminaliza» la simulación de operaciones mediante el uso de facturas falsas con sanción de prisión preventiva, vulnera no sólo a los EFOs o EDOs, sino a todos los contribuyentes, porque todos, sin excepción realizan operaciones fiscales que implican un riesgo de caer en prisión.
«A la Coparmex nos catalogan como muy confrontativos porque estábamos contra la reforma, aunque no a favor de los factureros, nunca nos entendieron y ahora tenemos una Ley autoaplicativa de la que sólo es posible defenderse en la cárcel».
Pablo Mendoza, presidente de la comisión fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que seguirán sosteniendo en los próximos días reuniones con la autoridad para hacer ajustes sobre la marcha a algunas disposiciones de la reforma.
Entre las propuestas mencionó la de definir el cálculo de la utilidad fiscal ajustada, de la que un 30 por ciento del pago de intereses serán deducibles, y que es otra de las limitantes de los cambios a las leyes fiscales a partir de este 2020.
Francisco Javier Saucedo, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac), advirtió que también hay ambigüedad en la retención del 6 por ciento de IVA que contempla la reforma a la terciarización de servicios, pues el texto de la ley lo amplía a la subcontratación.
Fuente Reforma Negocios, Enero 17, 2020
