Como consecuencia de la astringencia presupuestaria que enfrenta el Gobierno federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) disparará los actos de fiscalización en el 2018, advirtió Gonzalo Ávila Ibarra, socio director de Ávila Tax Consulting.
En un foro organizado por el Instituto de Contadores en Servicios Digitales (Incosedi), sobre reformas fiscales para el siguiente año, consideró que los ajustes que debió hacer el Gobierno federal después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, implicarán una fuerte ola de fiscalización para allegar recursos a las arcas públicas.
«El principal instrumento de fiscalización será la facturación electrónica», afirmó, «pues el Gobierno buscará compensar la pérdida de ingresos petroleros y mayores gastos derivados de los sismos».
Indicó que en la factura digital deberá haber especial atención al método de pago que ahora deberá especificar el emisor de facturas y contar con ese dato quienes quieran hacerlas deducibles de impuestos.
«El método de pago va a tener mucha relevancia en las facturas que quieran hacerse deducibles de impuestos y deberá especificarse si se trata de un pago en una sola exhibición o se va a considerar como cobrada».
Alertó que las facturas deberán contener la clave PPD, que corresponde a pagos en parcialidades o diferidos, o la clave PUE, cuando se trata de pagos en una exhibición.
Juan Antonio López Vega, Administrador Central de Normatividad de Impuestos del SAT, dijo que la dependencia tiene un programa de Autocontrol de la Legalidad al que los contribuyentes podrán recurrir en caso de que exista alguna controversia con la autoridad.
«Resulta muy oneroso tanto para la autoridad fiscal como para el contribuyente iniciar procesos legales ante los tribunales en caso de alguna controversia derivada de algún requerimiento fiscal de la autoridad que haya sido emitido en forma indebida».
Reconoció que existen cientos de miles de facturas derivadas de actos administrativos que diariamente circulan en México, lo que podría dar lugar a diferencias entre las autoridades y los contribuyentes.
Entre los medios de autocontrol que tiene el SAT para resolver estas controversias con los contribuyentes mencionó la llamada «justicia de ventanilla», cuando los contribuyentes manifiestan inconformidad por multas o requerimientos que por error se hayan expedido por el SAT en su contra.
«Este tipo de procedimientos son muy ágiles y el SAT los resuelve en un máximo de seis días», aseguró.
Otras figuras para resolver disputas ante el SAT son la instancia ante un órgano superior jerárquico del SAT, al que se denomina «Recursos Administrativos», que pueden llevar un máximo de tres meses, o los recursos de revocación, que podrían llevar un máximo de 30 días.
Héctor Nava Rodríguez, presidente del Incosedi, informó a los contadores públicos que es relevante tener en cuenta que el 10 de enero, el SAT dará a conocer un nuevo tabulador de impuestos actualizado.
Fuente: Reforma, Sección Negocios, Diciembre 15, 2017
