Las conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) entran en una semana crucial este lunes, cuando los ministros de Canadá, Estados Unidos y México intentarán superar un estancamiento sobre temas clave antes de que las próximas elecciones en México y Estados Unidos dificulten el proceso.

Las discusiones se centrarán en las reglas de origen que rigen qué porcentaje de un automóvil debe ser construido en la región que abarca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) para evitar aranceles, así como mecanismos de resolución de controversias y la demanda estadounidense de una cláusula de expiración que obligue a renegociar el pacto cada cinco años.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, advirtió que si el acuerdo tarda demasiado, la aprobación del actual Congreso, controlado por los republicanos, podría estar en riesgo.

Las elecciones presidenciales en México el 1 de julio también juegan contrarreloj, dado que Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado su intención de participar en la modernización del TLC si es electo y toma posesión del cargo en diciembre.

«Tenemos una ventana de oportunidad en las próximas dos o tres semanas (…) considerando dos cosas: dónde están las conversaciones ahora y los calendarios políticos», dijo Moisés Kalach, jefe del brazo de negociación internacional del CCE, que representa al sector privado en las negociaciones.

Fuentes cercanas a las discusiones sugirieron que hay una sensación creciente de incertidumbre y pesimismo en esta nueva ronda debido al estancamiento en los asuntos más críticos.

En el corazón de la renovación del acuerdo de 24 años está el deseo del Presidente estadounidense, Donald Trump, de reformar las reglas para el sector automotor para tratar de regresar empleos e inversiones a su país desde México, donde los costos son más bajos.

A pesar de meses de negociaciones sobre el tema, las partes permanecen distanciadas.

Una ronda de conversaciones entre la Canciller canadiense Chrystia Freeland; el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo; y Lighthizer, fijada para la semana pasada, fue cancelada para permitir consultas con la industria automotriz mexicana y para que el estadounidense asistiera a una misión comercial en China.

El principal grupo de presión de la industria automotriz en México ha descrito las demandas estadounidenses más recientes, que incluyen elevar el contenido regional a un 75 por ciento, desde el actual 62.5 por ciento, durante un periodo de cuatro años, como «inaceptables».

«El impulso positivo en las reglas de origen parece ser contrarrestado por el movimiento opuesto en el tratamiento del salario laboral», dijo Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá.

La propuesta estadounidense también requeriría que el 40 por ciento del valor de los vehículos de pasajeros ligeros y el 45 por ciento de las camionetas pickup sean construidas en áreas con salarios equivalentes a 16 dólares la hora o más.

Esto es visto como una dificultad para México, donde el Centro de Investigación Automotriz con sede en Ann Arbor, Michigan, ha estimado los salarios de los trabajadores automotrices se ubican en promedio por debajo de los seis dólares la hora, y son de menos de tres dólares la hora en el caso de los salarios de los empleados de las plantas de autopartes.

Los críticos también señalan que crearía una pesadilla burocrática de papeleo.

Las negociaciones para renegociar el TLC comenzaron en agosto del año pasado para cumplir con una promesa de campaña de Trump, quien se comprometió a devolver empleos manufactureros a Estados Unidos.

Tras meses de negociación los temas más polémicos siguen sin resolver, lo que arroja dudas sobre el cronograma para alcanzar un acuerdo que Lighthizer ha delineado.

Estados Unidos se ha aferrado obstinadamente a una cláusula de expiración en el nuevo tratado, la cual significaría que este tendría que renovarse cada cinco años, algo que los críticos dicen generaría una gran incertidumbre en las empresas.

«En el trasfondo de todo este desequilibrio se encuentra la propuesta de cláusula de extinción de Estados Unidos. Esto prepara el terreno para un potencial estresante conjunto de reuniones», declaró Volpe.

Otra propuesta controvertida de los estadounidenses es repatriar la resolución de controversias de los tribunales internacionales al sistema legal de Estados Unidos. Lighthizer ha dicho que esto significaría que menos firmas estadounidenses se trasladen a México en el futuro, ya que la extensión de las protecciones legales ha motivado que las empresas se reubiquen.

Tanto Canadá, como México se oponen a la medida, al igual que los empresarios estadounidenses.

En una carta fechada el 2 de mayo, la Cámara de Comercio, la Mesa Redonda Empresarial del Instituto Americano de Petróleo y la Asociación Nacional de Fabricantes Manufactureros instaron a Trump y a Lighthizer a «conservar fuertes protecciones de inversión y mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y el Estado en el TLC».

«Avanzar con un TLC revisado que no incluya tales protecciones para los empresarios estadounidenses amenazaría nuestra economía y pone en peligro las perspectivas de la aprobación del TLC 2.0 en el Congreso», dijo la carta.

Cuando se le consultó si un acuerdo era posible esta semana, una fuente mexicana cercana a las conversaciones dijo: «la posibilidad está ahí, pero dependerá de si Estados Unidos es flexible».

Trump ha dicho con frecuencia que se retiraría del TLC si es posible un mejor tratado para su país, aunque ha sonado más positivo sobre el acuerdo en las últimas semanas.

No está claro dónde Estados Unidos cederá terreno para lograr un acuerdo rápido, pues el Gobierno de Trump ha adoptado políticas de confrontación en sus negociaciones comerciales.

Fuente: Reforma, Sección Negocios, 07/05/2018