El nuevo tratado comercial entre México, EU y Canadá obliga a los países a incentivar a las empresas a evitar pagos de facilitación para acelerar trámites y prohibir sobornos. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que lo que implica el Capítulo Anticorrupción es que todas las empresas que tengan relación comercial con EU y Canadá deberán tener políticas de integridad.

Pero advirtió que 63 por ciento de las 500 empresas más grandes del País carecen de dichos instrumentos.

«El tratado busca armonizar las obligaciones de las empresas en materia anticorrupción. Estados Unidos ha tenido responsabilidad penal para las empresas desde los años setenta, mientras que México incluyó el concepto hasta 2016.

«Las empresas mexicanas que hagan negocios en Canadá y Estados Unidos tendrán que acreditar que tienen políticas de integridad corporativa para prevenir la corrupción», subrayó.

Según el Capítulo Anticorrupción, los Estados miembros también deben crear conciencia entre los funcionarios públicos para rechazar dichos pagos.

«(El capítulo) contribuye a fortalecer la política y a desarrollar una cultura de prevención y combate a la corrupción en la administración pública y las empresas; contribuyendo a robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción», refiere el texto del USMCA.

En tanto, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que las empresas deberán adoptar medidas de control para prevenir las malas prácticas.

«Cada Estado parte deberá adoptar medidas para comprometer a las empresas a adoptar elevados estándares de ‘compliance’ y medidas de control que permitan identificar, prevenir y sancionar actos de corrupción. Evitar pagos de facilitación en la contratación con estados parte y funcionarios públicos extranjeros», subrayó.

Añadió que el acuerdo impone la necesidad de adopción de códigos de ética, medidas de control interno y sistemas de contabilidad abierta.

Asimismo, el sector privado deberá hacer contratación a través de plataformas digitales abiertas y el reforzamiento de medidas de transparencia.

«Esto significa incentivar una cultura de integridad a nivel empresarial y respecto de funcionarios públicos extranjeros», consideró.

Según el texto del acuerdo, cada país miembro adoptará medidas para garantizar que sus órganos pertinentes de lucha contra la corrupción sean conocidos por el público y proporcionarán acceso a esos organismos, incluso para la presentación de informes anónimos de cualquier incidente que pueda considerarse como un delito.

Fuente: Reforma, Sección Negocios, 05 de Octubre, 2018