La reforma fiscal que aceleraría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2021 es necesaria para aumentar la recaudación, impulsar la inversión y crear incentivos fiscales, por lo que expertos coincidieron en que debe contemplar cinco aspectos: ampliación de la base gravable, revisar la tasa de ISR de personas físicas, ampliar el catálogo de deducciones, examinar el IEPS en algunos productos y analizar el IVA.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, indicó que la reforma fiscal debe elevar la recaudación a un nivel de 20 por ciento del PIB, desde uno actual de 13 por ciento, por lo que lo primero que tendría que contemplar es ampliar la base gravable.
«Un tema clave para la reforma fiscal va a estar en la ampliación de la base gravable, en un aumento del padrón de contribuyentes, a fin de incentivar la economía formal y ayudar a reducir la brecha de México respecto de otros países en recaudación», sostuvo.
Juvenal Lobato, presidente de la Comisión de Derecho Tributario Constitucional de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF), señaló que el Gobierno tendrá que buscar una fórmula que aumente la base impositiva de informales, ya que en la reforma fiscal 2020 no se dio «ni un dulce al contribuyente cumplido, al contrario, se le pusieron más cargas».
El también académico de la UNAM indicó que la reforma fiscal tendría que analizar la tasa de ISR de personas físicas que en su nivel más alto está en 35 por ciento, «tendría que analizarse si amerita una baja en personas físicas e incluso en personas morales.
Si bajas las tasas, la gente tendría mayor cantidad de dinero disponible para poder circularlo».
Ayer, el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio, reconoció en entrevista con Bloomberg que la reforma fiscal estimada para la segunda mitad del sexenio actual se podría adelantar, en función de que se quedaran cortos los ingresos de este año en relación a los presupuestados para 2020 y no tener que aumentar la deuda o recortar más el gaste Sin detallar, indicó que los cambios serían progresivos y entrarían en vigor a partir del 2022.
Cualquier cambio fiscal incorporaría la asesoría de la OCDE para efectuarlo y sería conforme a la ley vigente.
Uno de los temas a analizares el combate a la evasión.
La última gran reforma fiscal fue la de 2013 cuando se eliminó el IETU y se elevó la tasa máxima del ISR para personas físicas a 35 por ciento, entre otros ajustes.
