El acuerdo comercial EU-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) contiene reglas anticorrupción que obligan al País, por ejemplo, a legislar sobre la protección de testigos que denuncien ilícitos de ese tipo. «El tratado da un peso importante a la protección de denunciantes de corrupción. México tendrá que actualizar su marco legal en este sentido, pues durante las reformas de 2016, fue uno de los temas que el Senado consiguió quitar de las propuestas ciudadanas», consideró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Además, agregó, obliga a las empresas mexicanas a contar con políticas anticorrupción, algo que ya ocurre en Canadá y Estados Unidos.

«Esto nivelaría el terreno entre los tres países en materia comercial», destacó.

Max Kaiser, especialista en combate a la corrupción, resaltó que el capítulo 27 del tratado obliga a los países firmantes a aplicar medidas concretas para tipificar delitos que van más allá del soborno, ya que ahora también se incluye el desvío de recursos y el peculado.

«El acuerdo describe muy ampliamente lo que es el soborno y establece nuevas modalidades, pero también incluye el desvío de recursos y el peculado como delitos que forman parte de la regulación del tratado, y eso es algo muy novedoso», dijo.

«Es algo que tanto en el sector público como el sector privado tienen que poner mucha atención porque ahora pueden participar ambas partes en el soborno, que ya era algo común para todo el mundo, pero ahora también hay que poner mucha atención al desvío de recursos y el peculado».

Kaiser aseguró que otra aportación del acuerdo trilateral es la obligación de las partes de poner en marcha medidas concretas para asegurarse de la integridad de los servidores públicos.

«Medidas como procesos adecuados de selección, entrenamiento, regulación clara de conflicto de interés y todo el tema de declaraciones patrimoniales», señaló.

El activista destacó otro mecanismo novedoso que obliga al Gobierno a promover la participación del sector privado y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

«El Gobierno tiene que promoverlo, no sólo permitirlo y de esa manera tanto la iniciativa privada como la sociedad civil participaron en la prevención y la sanción de esos delitos», detalló.

Sostuvo que el acuerdo contempla un mandato muy claro para que los gobiernos promuevan la creación de mecanismos de integridad y ética en las empresas, como parte de la prevención de los actos de corrupción.

Fuente: Reforma, Sección Nacional, 03 de Octubre, 2018