Entre el 2013 y el 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un aumento en las inscripciones de seguridad social de 3.8% en promedio cada año, dato que en apariencia no guarda relación con el bajo crecimiento económico de 2.4% promedio anual de ese mismo lapso. Esto resulta paradójico, toda vez que el crecimiento económico es uno de los principales determinantes de la formalización laboral de acuerdo con Juan Chacaltana, especialista de empleo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, a pesar del bajo crecimiento económico entre el 2013 y el 2018, el mercado laboral en México mantuvo una baja tasa de desempleo abierto, que en marzo del 2018 tocó un mínimo de 3.1%, tasa que no se observaba desde junio del 2006. Sin embargo, el desempleo ha coexistido con un alto y persistente empleo informal, aunque con tendencia a la baja.

El atípico crecimiento en el empleo, respecto al cada vez más lento crecimiento de la economía mexicana, es evidencia de los programas de formalización implementados en esos años, en tanto que en los meses recientes, la caída en el ritmo de contrataciones formales, al sincronizarse con la pérdida de dinamismo de la actividad económica, prueba que esos programas no han tenido continuidad, por lo menos, no con la intensidad y características con que fueron impulsadas por la  reforma laboral del 2012. A diferencia de la política laboral durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de impulsar el empleo formal y reducir la informalidad, así como con la consigna de mantener cero huelgas, en la actual administración se redireccionaron las acciones gubernamentales para capacitar a 2.3 millones de jóvenes. Si bien la dependencia mantiene programas insignia como el Servicio Nacional del Empleo, que permite vincular a empleadores con buscadores de trabajo, o el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, éstos no son prioritarios como sí lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, que en este año atrajo el mayor presupuesto de las últimas décadas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) con más de 40,000 millones de pesos.

El gobierno mexicano planteó la meta de disminuir la informalidad laboral en 3 puntos porcentuales en el sexenio, para pasar de 57 a 54%, según el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, hasta ahora no hay claridad en los programas que permitirán fomentar el empleo y cubrir la demanda anual de 1.2 millones de plazas. Especialistas sostuvieron que las perspectivas apuntan a que el mercado laboral reportará tasas de desempleo mayores y una creciente informalidad. En donde “el subempleo y las condiciones críticas sean una constante, es decir, una precarización del empleo que no se romperá en el corto plazo”, afirmó María Fonseca, especialista del Tecnológico de Monterrey. Por su parte, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, afirmó que “el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra atrapado por la inercia de un mercado laboral estructuralmente precarizado, producto del México informal, y de la desaceleración de la economía nacional”. Además, advierten, en la STPS actualmente no existe un programa de formalización de empleo, como tampoco hay compromisos pactados para realizar acciones que permitan mayor trabajo formal, sobre todo en estados como Tabasco, Oaxaca o Chiapas.

La informalidad es una de las características más persistentes, negativas y preocupantes del mercado laboral en México. Casi dos terceras partes de los 54.2 millones de trabajadores en el país trabajan en la informalidad, esto es 30.8 millones de personas, ello a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre del 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La informalidad implica también un alto costo para la sociedad en general e incluso para los sistemas políticos: su existencia reduce recursos fiscales que podrían financiar inversiones productivas y programas sociales que mejoren el Estado de bienestar y la justicia social, señalan José Manuel Salazar-Xirinachs y Juan Chacaltana, especialistas de empleo de la OIT. En su texto “La informalidad en América Latina y el Caribe: ¿Por qué persiste y cómo superarla?” concluyen que hay un vínculo entre la informalidad, el desempeño de los mercados laborales, la desigualdad y la gobernabilidad democrática, por lo que el reto debe enfrentarse como una de las altas prioridades de la política pública en los países de la región. En tal contexto, en los últimos años, algunos gobiernos han priorizado la transición de la informalidad a la formalidad dentro de sus planes y políticas de desarrollo. El programa de la OIT para la Formalización en América Latina y el Caribe realizó estudios de 11 episodios de formalización para comprender esta tendencia y sus causas.

En el trabajo de Salazar-Xirinachs y Chacaltana destaca tres hallazgos relevantes. El primero: la formalización toma tiempo. En los casos de mayor velocidad en la reducción, las tasas de informalidad decrecen 1 punto porcentual por año (10 puntos porcentuales por década). En los de menor velocidad, la baja es de décimas de punto porcentual en cinco años. El segundo hallazgo: el crecimiento económico importa, y bastante. En los casos de mejor desempeño, las tasas de crecimiento económico son positivas y relativamente altas. El tercer hallazgo: el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente. En los casos de mejor desempeño se combinan crecimiento alto y puesta en práctica de múltiples intervenciones, vía el apoyo de programas institucionales y políticas públicas. Algunos investigadores han demostrado que 60% de la reducción de la informalidad puede atribuirse a cambios en la estructura económica y 40% restante a políticas institucionales.

De acuerdo con el estudio de la OIT, el sector informal incluye un amplio rango de actividades: desde aquellas vinculadas a la sobrevivencia hasta otras de negocios rentables, pero en muchos casos son actividades no reconocidas, no registradas, no protegidas y no reguladas. En la práctica, el concepto tiene dos dimensiones. La primera se refiere a la naturaleza de la unidad económica, es decir, cuando ésta se dedica a la producción de bienes o servicios para el mercado y opera a partir de los recursos de un hogar y sin llevar los registros contables básicos.

La segunda dimensión parte de una perspectiva laboral y se refiere a todo trabajo que se realice sin contar con el amparo del marco legal o institucional, sin importar si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales. En tal caso, se trata de empleo informal. Para el economista Alejandro Portes, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019, la informalidad está integrada en los sectores modernos, a través de procesos de descentralización productiva tanto nacional como internacional, se ve así al sector informal como subordinado a los sectores modernos, mediante lógicas de explotación, con la finalidad de reducir costos e incrementar la competitividad de las empresas más grandes.

(Fuente: El Economista / Internet, Información, 00:12, 02/07/2019)