El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la falta de precisiones en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada generará temor entre las empresas formales en el País por posibles actos arbitrarios de la autoridad. «El CCE apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito.

«Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del País, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes», subrayó en un comunicado.

Asimismo, lamentó que, para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Legislativo no haya tomado en cuenta las opiniones de la sociedad que alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el País.

De acuerdo con el CCE, para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad.

«Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos», señaló.

La cúpula empresarial manifestó que as audiencias públicas parlamentarias no deben ser simples formalidades, ni mucho menos simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo, que impacta a todos los ciudadanos.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades para que la reforma se aplique de manera sensata.
«Hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos. Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del País», resaltó el Consejo.

Fuente: Reforma Sección Negocios, Octubre 16, 2019