Grupos empresariales se están sumando al discurso anticorrupción que se emite desde el Gobierno federal, ante la expectativa de que las prácticas como licitaciones amañadas dejen de realizarse. Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y la American Chamber dieron a conocer los principios bajo los cuales sus afiliados deben guiarse en la relación con proveedores, clientes y el Gobierno. Además, hicieron sendos compromisos públicos con representantes del gobierno de sumarse a las políticas en contra de este flagelo.

Gustavo Almaraz, presidente del comité de Legalidad y Estado de Derecho de American Chamber, que agrupa a mil 450 empresas estadounidenses, aseguró que algunas de las afiliadas han perdido negocios en México por negarse a participar en actos de corrupción.

«Las empresas de Amcham lo ven como una área de oportunidad. Muchas de ellas se han quedado fuera por actos de corrupción porque nunca van a participar en un acto de este tipo.

«Se dan cuenta que hay licitaciones o compras públicas que ya están dadas a ciertos grupos, entonces el que se quite y se elimine estos temas de corrupción en la compra pública es de gran oportunidad para las empresas», afirmó Almaraz.

Subrayó que este problema no solo es de la administración anterior, sino que ‘históricamente’ se ha tenido información de que algunos procesos de compras públicas ya estaban comprometidos.

«De lo que escuchábamos es que ya había arreglos previos en esas licitaciones y al final del día ibas a participar pero no tenias oportunidades de ganar. La gran ventaja de las empresas que están representadas por American Chamber es que muchas de ellas tienen productos innovadores y competitivos y muchas veces también accedían al mercado por innovaciones y transparencia.

«Nos encontrábamos y no solo en la administración anterior, sino históricamente, pasa mucho en México, que las licitaciones ya estaban dadas a ciertos grupos», describió.

Almaraz destacó que el rediseño de las compras públicas –a través de compras consolidadas– es un cambio de modelo al cual el sector privado está tratando de ajustarse.

Desde su punto de vista, en México existen los instrumentos jurídicos para atacar este problema, sin embargo, la diferencia con otros países es la aplicación de la ley.

«La gran diferencia de los otros países como Chile, Colombia y Brasil no es la cantidad de leyes que se tienen sino la aplicación de la ley, es el elemento que distingue a México frente a los otros. Por ejemplo, México es el único país de Latinoamérica que no tiene hoy en la cárcel a nadie por el tema Odebrech.

«No es un tema de falta de instrumentos jurídicos, tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos un sistema bastante robusto, la Fiscalía que está funcionando, y el chiste es la aplicación de la ley», subrayó.

La incidencia de la corrupción le resta competitividad al País a nivel internacional, ya que en este rubro, México es de los países peor calificados, según las mediciones del Foro Económico Mundial.

Según el Índice de Competitividad Global 2019, recién publicado por el organismo internacional, México tiene una calificación de apenas 28 puntos sobre 100 en el rubro de incidencia en corrupción, con lo que se ubica en el lugar 116 de 141 países.

Esto es tres lugares menos que la edición del 2018, donde México ocupaba el sitio 113 de 140 naciones evaluadas.

Las empresas norteamericanas de Amcham adoptaron una serie de objetivos que incluye cero tolerancia a actos de este tipo y generar una cultura de la legalidad en los centros de trabajo. Además, la cultura de la empresa también debe permear en los proveedores y empleados.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial, también propuso crear una línea donde se pueda denunciar cualquier acto de corrupción de forma segura.

Además, respaldó acciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), como el lanzamiento de un padrón de empresas íntegras, las cuales obtendrían incentivos a cambio de cumplir con estándares éticos.

La SFP está realizando un programa piloto para verificar que las 18 mil 500 empresas proveedoras del gobierno cumplan con los estándares.

En primer lugar, se enfocarán a las fabricantes de medicamentos, luego a las empresas del ámbito de la minería y después construcción. La dependencia aplicará cuestionarios a través de los cuales se obtendrá información de la empresa, geolocalización y fotografías, entre otras cosas.

«Que estos cuestionarios sean un momento para que todas las empresas puedan estar en regla, en orden, que podamos saber que sí existen las empresas, que son transparentes», afirmó Carlos Villalobos, director general de Vinculación Empresarial de la SFP.

Fuente: Reforma, Sección Negocios, Octubre 28, 2019