El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició la aplicación de la recién aprobada «Ley Antifactureros» mediante la aplicación de sanciones contra empresas formales, aseguró Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales. «Están pagando justos por pecadores, porque el SAT está enviando invitaciones a compradores de servicios reales que reciben facturas de proveedores que no están en regla en cuanto a su facturación».
El especialista dijo que nada más en las tres Administraciones que tiene el SAT en Monterrey ya existen cerca de 900 casos de empresas a las que el SAT les envió cartas invitación para aclarar casos de facturas supuestamente apócrifas.
«A nivel nacional existen 67 Administraciones locales del SAT, que en promedio envían unas 300 invitaciones de este tipo a empresas, lo que nos lleva a pensar que hay cerca de 18 mil casos de empresas investigadas como factureros, muchas de ellas sin serlo».
Señaló que la problemática surge porque la autoridad «generaliza» en su afán de combatir a empresas inexistentes que se dedican a la venta de facturas, pero en ese afán ahora sanciona a negocios que realizaron operaciones de compra que no fueron simuladas.
«Por ejemplo, en la industria de la construcción hay contratistas que tienen proveedores cuyos trabajadores carecen de inscripción ante el Seguro Social y eso está afectando a empresas formales que adquieren sus servicios».
Refirió que tan sólo en su despacho QUO Consultoría registró ya siete casos de empresas formales que incurrieron en compras de servicios, cuyos proveedores les emitieron facturas emproblemadas.
«Ahora las empresas deben validar a sus proveedores y, por lo tanto todas las empresas se van a convertir en investigadores o fiscalizadores al servicio del SAT».
Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), criticó la generalización en el trato a contribuyentes que adquieren bienes y servicios por los que obtienen una factura apócrifa del vendedor que los lleva tener problemas con el SAT.
«El que tuvo una operación real, de buena fue, no tiene que ser tratado como delincuente, como los que sí son delincuentes, y creo que ahí es donde debe dársele ese tamiz.
«Al que emita facturas falsas, todo el peso de la ley. Ahora el caso del que recibe para hacerle un fraude el fisco, pues también todo el peso de la ley.
«Pero si una empresa recibió la factura de buena fe y fue víctima de otra que hace unas operaciones bien y otras mal, pues que le caigan a la que las hacen mal, pero que no se mida a todos con la misma vara», expuso.
Fuente: Reforma, Sección Negocios, Septiembre 17, 2019