La aplicación de pruebas de detección para Covid-19 en las empresas funcionarían como una evidencia en favor del patrón, de que los trabajadores no contrajeron el virus en las instalaciones, advirtieron abogados laborales.
«Estas pruebas tienen que constituir una evidencia a favor del patrón para que no se califiquen estos contagios como una enfermedad profesional», señaló Jorge Sales, abogado laboral.
Señaló que el hecho de que el Covid-19 sea considerada una enfermedad laboral puede elevar las primas de riesgo que los patrones pagan al IMSS.
«Esto le podría generar a un empleador un incremento en la carga social de 10 a 15 por ciento en un escenario optimista. Hay un impacto económico, de salubridad y un impacto jurídico, sería importante saber que el IMSS pondere todos esos impactos antes de tomar una decisión», dijo.
La prima de riesgo se calcularía según el nivel de contagios en el centro de trabajo.
En abril, el IMSS señaló en una circular que el Covid-19 se clasificaría como «enfermedad de trabajo», lo cual incide en el cálculo de las primas de riesgo que pagan las empresas al Instituto.
Para caracterizar la enfermedad, el médico deberá tomar el nivel de riesgo en que labora cada trabajador. Por ejemplo, el personal médico está ubicado en un rango de muy alto riesgo.
Hasta el momento es incierta la forma en la cual las empresas conseguirán las pruebas para aplicarlas a su personal ya que el sector privado asegura que hay obstáculos para su importación.
Además las empresas deberán costear las pruebas que ascienden a entre 32 y 70 dólares, según la Concamin.
Fuente: Reforma, Negocios, Junio 09, 2020
