A casi seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas, las empresas establecen sus códigos de ética, guías de integridad y mecanismos anónimos de denuncia, que buscan acotar la participación del sector privado en actos de corrupción.
Dar y recibir regalos, ofrecer comidas costosas o hacer favores financieros y personales caen dentro del catálogo de malas prácticas, según los códigos que dieron a conocer las cúpulas empresariales.
Se estima que la corrupción les cuesta a las empresas 1.6 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del Inegi de 2016.
Sin embargo, 63 por ciento de las 500 empresas más grandes del País todavía no han publicado su política anticorrupción, según Transparencia Internacional.
Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los resultados se verán hacia finales de 2018.
Fuente:REFORMA,Nacional,02/01/18
