Cerrar el capítulo anticorrupción es un gran paso, pero hacen falta más esfuerzos; todavía falta combatir la impunidad. El cierre del capítulo anticorrupción, en el marco de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre  Comercio de América del Norte (TLCAN), hizo que dicho round terminara con un balance ampliamente positivo para el país, celebró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE).

Este capítulo, dijo, se logró a partir de una propuesta del sector privado mexicano, así como con el apoyo de los equipos negociadores de los tres países, con lo que se logró tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito.

Precisó que este “paso adelante” no sustituye los esfuerzos que, internamente, México tiene que realizar para construir una sociedad más íntegra y apegada a la ley, sin impunidad ni simulaciones, en una cultura de cumplimiento.

Señaló que con este avance, dentro del tratado comercial se fomenta un mejor ambiente de negocios, de cumplimiento entre las empresas de los tres países; aunque reconoció que en particular, en México es necesario que los poderes ejecutivos y legislativos de los tres órdenes de gobierno, tomen las acciones necesarias para lograrlo.

Castañón especificó que según cifras del Banco Mundial, cada año México enfrenta costos que ascienden hasta 9.0 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), derivado de actos de corrupción, ya que por cada 100 pesos que se producen en la economía, nueve se pierden en transacciones irregulares.

Esta es una realidad inaceptable que todos tenemos que transformar y poner de nuestra parte. Desde el sector empresarial estamos decididos a promover una total integridad tanto en las transacciones privadas como en el ejercicio del gasto público y la relación de las empresas en el ejercicio del mismo”, ahondó.

Recordó que en su agenda: México Mejor Futuro se estableció la meta de que haya cero tolerancia hacia actos de corrupción y para lograrlo propusieron acciones concretas para lograrlo.

Entre ellas está la exigencia de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual es necesario se realicen los nombramientos que hasta hoy siguen pendientes inexplicablemente, así como incluir la homologación de las leyes estatales con la legislación federal y contar con una Fiscalía General sólida.

(Fuente: La Razón de México / Internet, Información, 09:19, 06/02/2018)