Con reglas para evitar que se conviertan en un mecanismo de lavado de dinero o fianciamiento al terrorismo, el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado la regulación del comercio electrónico desde México, la inclusión de las Unidades de Tecnología Financiera en el espectro financiero nacional, para la operación de activos virtuales, como los bitcoin, y la protección de los usuarios.
La iniciativa, que este jueves será anunciada por el presidente del Senado, Ernesto Cordero, para turnarla a comisiones, precisa que en materia de protección al usuario de los servicios ofrecidos por las 1TF, su supervisión se someterá a las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por lo que se emitirá regulación secundaria relacionada con la formalización de las relaciones jurídicas y la solución de controversias.
Se trata de la propuesta presidencial para crear la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que fue cabildeada durante meses y que establece las condiciones para que las entidades financieras reguladas por ésta y otras leyes financieras, puedan desarrollar innovaciones tecnológicas en espacios regulatorios seguros.
«Con la presentación de la iniciativa se reconoce la necesidad de que un sector tan dinámico como o es el de la innovación tecnológica requiere contar con un marco regulatorio que permita a las autoridades militarlos riesgos y permitir su expansión en un ambiente competitivo.
«Es por ello que la Ley para Regular la Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) es una ley que establece principios, para que a partir de éstos, las diferentes autoridades financieras competentes emitan la regulación secundaria conforme al dinamismo inherente a dicho sector», precisa el Presidente en la exposición de motivos.
Añade que esta Ley «se encuentra basada en los principios de inclusión a innovación financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera.
Promoción de la sana competencia y prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
Precisa que «el principio de protección al consumidor tiene como objetivo cuidar al cliente estableciendo mecanismos de defensa y verificación y estándares mínimos, así como otorgar facultades de regulación y supervisión a las autoridades financieras. Asimismo, se establecen los lineamientos para la protección de datos personales, así como la obligación de completa divulgación a clientes e inversionistas del modelo de operación y factores de riesgo que podrían representar las ITF».
Explica también a los senadores que «se busca establecer un marco general de autorización y operación supervisada a las IFT, imponiéndoles reglas prudenciales proporcionales a los riesgos que representen en distintas materias, como son aquellos financieros, operacionales, de mercado, tecnológicos (ciberseguridad), gobierno corporativo y reglas de contabilidad.
«Asimismo, se busca que el mercado de tecnología financiera se desarrolle con límites y montos máximos de operaciones con el fin de evitar una desigualdad regulatoria con otros sectores financieros, buscando así un piso parejo y una competencia sana y equilibrada», resalta. Se busca que el mercado de tecnología financiera se desarrolle con límites y montos máximos de operaciones.
(Fuente: Excélsior, Información ,Nacional ,LETICIA ROBLES DE LA ROSA, P23, 12/10/2017)