Incluso cuando en México ya se cuenta con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no aplicarlo de manera correcta pondría en peligro el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), aseguraron algunos analistas. En entrevista con La Razón, Fernando Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), señaló que de acuerdo con el Capítulo 27 o Capítulo Anticorrupción, lo que se busca no es detener el acuerdo si no se cumplen las medidas establecidas, sino ejercer cierta presión para que las partes involucradas implementen las medidas necesarias.

Lo que hace el nuevo acuerdo comercial en la aplicación de la ley general anticorrupción es la presión que le hace, pues México las tiene y no las aplica por proteger a los funcionarios. Pueden correr un riesgo el tratado de libre  comercio”, mencionó.

El dato: Especialistas en transparencia advierten que una mala aplicación de las leyes ahuyentará el flujo comercial.

Añadió que lo que se espera es que todo el Sistema Nacional Anticorrupción, desde la Ley General del Sistema Anticorrupción y las siete leyes secundarias que la conforman se apliquen de manera específica con la entrada en funciones del nuevo gobierno; además que especificó que estas nuevas reglamentaciones sólo son para fines de  comercio.

Este Capítulo 27 del Nuevo Tratado de Libre  Comercio está limitado y así lo establece, a los actos de  comercio entre estos países o sus inversiones; es decir, no tiene el alcance para actos de corrupción domésticos que no tengan que ver con estos aspectos”, mencionó.

Especificó que tal como lo señala el capítulo, éste obliga a cada país a que tenga sus propias leyes anticorrupción, que si bien no deben ser iguales, si no cuentan con ellas, las tienen que formular, y si ya cuentan con ellas, las tienen que aplicar y mantener.

En este sentido, Senties comentó que el país que está más alejado de tenerlas es Canadá, tal vez porque no lo necesita tanto, pero tendría tarea que hacer; por ejemplo, hace ya un par de meses, en Canadá los pagos facilitadores eran permitidos; sin embargo, podrían ser ilícitos para los otros socios.

Hace unos días, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, afirmó que el Capítulo 27 del también llamado USMCA, coadyuvará al objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción en México; toda vez que reconoció la necesidad de promover el principio de integridad entre los sectores público y privado.

En el caso de las personas del servicio público, se especifica que deben adoptarse códigos y estándares de conducta, así como procurar seleccionar y capacitar a aquellos individuos que por su posición podrían ser vulnerables a involucrarse en actos corruptos.

Añadió que en el Capítulo 27 se obliga a las partes a tipificar aquellas conductas intencionales que afecten el  comercio internacional o la inversión, incluidas el cohecho y la malversación de fondos públicos o privados.

En este tenor, se establece que se debe incentivar la adopción de programas de cumplimiento e integridad empresarial y que se debe desalentar que se ofrezcan o acepten pagos de facilitación para obtener o agilizar algún trámite o beneficio.

El verdadero reto radica, además, en el hecho de que el Sistema Nacional Anticorrupción sea aplicado a través de un fiscal independiente, con el que aún no se cuenta y el cual deberá estar listo cuando el acuerdo comercial, USMCA, sea firmado.

Es correcto, las leyes ya están, pero México lo tiene que aplicar. Por ejemplo, ahorita tenemos más de 800 denuncias de auditoría superior detenidas en la Procuraduría, y bueno, sería un buen principio, sobre todo las que tiene que ver con el  comercio exterior, pues empezarlas a investigar; eso es lo que se tiene hasta ahora”, comentó.

(Fuente: La Razón de México / Internet, Información, 08:55, 08/10/2018)