El SCE es un instrumento de mercado diseñado para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se basa en el principio de “tope y comercio” (cap and trade), que consiste en establecer un tope máximo sobre las emisiones totales de uno o más sectores de la economía y que debe ser reducido cada año.
Las empresas deben presentar un derecho de emisión por cada tonelada de CO2 que emiten, pueden recibir o comprar derechos y así comerciar con otras compañías que forman parte del Sistema de Comercio de Emisiones.
En México, las empresas privadas internacionales son las más preparadas para operar bajo el Sistema de Comercio de Emisiones, señaló José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), durante su intervención en el México Carbon Forum 2023.
Ardavín explicó que esto es resultado a que ese tipo de compañías internacionales se han familiarizado con el proceso del comercio de países que ya cuentan con ese sistema, como en Europa o Canadá; sin embargo, hay mucho trabajo por hacer con las pequeñas y medianas empresas.
“Las empresas que ya cotizan en otros mercados tienen una experiencia muy valiosa, pero las empresas que no cotizan todavía en algún mercado tienen que saber esas capacidades, yo creo que ahí las consultorías especializadas pueden ayudar mucho a esa determinación de curva de costos”, añadió el director ejecutivo de CESPEDES.
Para disminuir estas brechas Ibette Sosa, gerente ambiental corporativo de Holcim, expuso que hace falta poner sobre la mesa la homologación de criterios entre el Sistema de Comercio Federal y los mecanismos de reducción de emisiones que se están dando a nivel estatal, porque existen deficiencias contables y de criterios ambientales, ya que los precios son diferentes y se miden diferentes alcances de emisión.
“Estas diferencias nos meten en problemas de competitividad entre un estado a otro cuando se trata de comercializar nuestros propios productos, lo que puede ocasionar esquemas diferentes sobre el precio del carbón y podría empezar a visualizarse en los excesivos costos que se presentan en algunos estados”, comentó Sosa.
La gerente ambiental de Holcim dijo celebrar que ahora los responsables de la Secretaría de Medio Ambiente Federal plantean que es necesario la congruencia entre las metodologías de cálculo, pero también todo lo que tiene que ver con los criterios, acercándose con la industria para identificar el contexto nacional y poner a la mano herramientas para estudiar el cómo generar estas curvas de abatimiento ambiental.
En el panel “El mercado de cumplimiento más joven de América: hacia la fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones de México”, las y los expertos coincidieron que las industrias necesitan ese acompañamiento continuo para abordar esos temas y para ello será relevante que, a través de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o un consejo en el que todos los estados de la república, se unan para establecer de qué manera puede verse afectado el comercio de emisiones por los impuestos a nivel estatal.
Abraham Ortinez, director de economía Sectorial y Encargado del Despacho de la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático (INECC), señaló que hay una importante área de oportunidad es el diagnóstico y análisis, y mencionó que se cuenta con la suficiente información para ver qué se está haciendo en otros lugares y qué se debería incorporar para el caso de México.
“Creo que hay elementos que están generando barreras y se tienen que cambiar. Actualmente podremos tomar esa oportunidad para transitar sobre el compromiso para el cambio climático a lo largo de los años. Entonces, los organismos necesitan entrar a la verificación para detectar errores o nuevos elementos que se pueden mejorar”, complementó Ortinez.
El representante de la INECC manifestó que desde su trinchera parten de elementos para cumplir los Acuerdos de París y para ello se requiere que esta contabilidad tenga la menor incertidumbre posible y se necesita que el proceso se esté cumpliendo para que finalmente se tenga un dato cercano de dónde o qué tan cerca se está de cumplir la meta.
La meta de contribución comprometida por México para el año 2030 es reducir 22% sus emisiones gases de efecto invernadero, aumentando a 36% con el apoyo y financiamiento internacional. Estas metas fueron incluidas en la reforma a la Ley General de Cambio Climático de julio de 2018.
