Es difícil entender para dónde se mueve nuestro país en materia laboral. A veces, México parece querer aplicar las más novedosas técnicas para que los trabajadores registren las entradas y salidas de sus empleos; en otras ocasiones, parece que al patrón le interesa brindar muchos más derechos a los empleados que aquellos ínfimos contenidos en la Ley Federal del Trabajo; pero en otros momentos, simplemente y por costumbre, se recurre a las viejas prácticas de presión sindical para obtener lucros inmerecidos.
Si miramos hacia atrás, no tenemos más que mirar a la ratificación que hizo el Senado de la República del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.
En efecto, es impresionante, pues se trata de un convenio que data de 1949, cuando seguramente el mundo, el derecho, los sindicatos, los trabajadores y México funcionaban de una manera distinta a la que ahora lo hacen.
Como mera referencia, el Partido Revolucionario Institucional gobernaba nuestro país a través de la figura de Miguel Alemán Valdés, quien había ganado las elecciones con 78% de los votos.
Realidad que desde hace muchos años no se observa por estos lares.
Ya tendremos tiempo de averiguar cómo se estructurará el nuevo sindicalismo pero mientras tanto podemos analizar algunos pasos que en ese sentido ha dado nuestro país.
Mucho se ha hablado de si los outsourcings han dado lugar a facturación apócrifa o de si su regulación en la reforma laboral del 2012 ha dado resultado.
Es importante recapitular, para entender lo que nos depara el futuro.
Cuando en el 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo para agregar los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, en donde por primera vez se aborda el término de subcontratación en la legislación mexicana, no tardaron en surgir requisitos adicionales por cumplir.
Un ejemplo de esto son los informes trimestrales a presentar ante el Seguro Social por parte del contratante y del contratista, la creación del Sistema de Responsabilidad Solidaria (Sireso) del Infonavit y recientemente, el aplicativo en la página del SAT.
Ello, sin omitir comentar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, que imponen obligaciones sobre el cliente para exigir de su prestador de servicios toda la transparencia en sus declaraciones y pagos de los citados impuestos.
No cabe duda, las autoridades están más receptivas hoy que nunca, no solamente a la posibilidad de la subcontratación, sino a corregir sus procesos, además de la terminología y convertirla en una adecuada y transparen te tercerización y administración integral del capital humano.
No se puede dejar de criticar que la Norma Mexicana de Servicios de Tercerización y Gestión de Personal del 2016 se quedó guardada en la Secretaría de Economía a dormir el sueño de los justos, pero lo que significa la tercerización en México y en el mundo le quedaba muy chico, de cualquier manera, a una norma que ni siquiera poseía el carácter de oficial y obligatoria.
Tenemos que entender que empresarios, pequeñas y medianas empresas, y startups impulsan la economía del país, pero sin una adecuada administración de su capital humano, sin la capacitación y adiestramiento constante, sin el conocimiento de cómo cumplir con las normas de trabajo, ¿cómo podrían enfocarse en lo que realmente saben hacer? Para llegar ahí, los legisladores y autoridades pueden tomar el ejemplo de Perú, que específicamente tiene una Ley que Regula los Servicios de Tercerización; o también el de Chile que en su ley número 20.123 reglamenta la subcontratación.
Tristemente, México aún está pendiente de subirse a ese barco.
Si en economías mucho más desarrolladas como la estadounidense y la canadiense se promueve y regula la tercerización a través de leyes específicas y claras, el futuro de nuestro país en materia laboral deberá ser, sin lugar a duda, la creación de una ley general de tercerización y administración del capital humano.
Indudablemente, la regulación clara, específica y transparente de la tercerización como hoy en día se practica en el país, exigiendo el total apego a las normas vigentes y aplicables, así como la protección, capacitación, adiestramiento y administración correcta de los empleados, es el escalón que hace falta para crecer y avanzar en al ámbito laboral del primer mundo.
(Fuente: El Economista, Información ,Urbe y Estados ,Cindy Jiménez, P33, 09/01/2019)