México se ha convertido en líder a nivel mundial en la medición de la violencia y la corrupción, pero aunque las estadísticas están a la vanguardia, ello no se ha traducido en soluciones reales para las víctimas. El Inegi es referencia internacional en medir la magnitud de la corrupción a través de encuestas en hogares y negocios.

Por ejemplo, la encuesta de victimización entre las personas sólo la realizan Inglaterra y México, en tanto que la medición del fenómeno en empresas sólo en el País y en Italia se ha logrado levantar.

Estos ejercicios han llegado a un grado tal de detalle, que hoy se sabe que en el País existe la misma probabilidad de ser víctima de un robo o asalto en el transporte público, que ser sujeto de un acto de corrupción.

Y que el costo de la corrupción el año pasado fue superior a 8.5 mil millones de pesos, si se toma en cuenta la afectación a personas y empresas.

Para Adrián Franco, director general de estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, es difícil conformar este tipo de encuestas ya que los ciudadanos no quieren admitir que han cometido actos de corrupción porque se vuelven cómplices de un acto ilegal.

Se estima que cada año se llevan a cabo 300 millones de trámites y servicios por todos los ciudadanos, en todos los niveles de Gobierno y en ese contacto entre servidores públicos y las personas es el que propicia la corrupción.

También se sabe que la tasa de prevalencia de estos actos se ha incrementado este sexenio, al pasar de 12 a 14.6 por ciento, sin contar la cifra negra de 96 por ciento que no se denuncia.

Franco señaló que una de sus fuentes de información son los Gobiernos, además de las encuestas en viviendas y negocios.

«La conclusión que tenemos es que el Estado mexicano es muy débil para tratar el tema de corrupción. Hay muy poca gente que se dedica directamente a atender el tema y ha habido pocos programas en los municipios.

«No hay en todas las entidades un programa consolidado anti corrupción y generalmente se van a las obras públicas o licitaciones, pero pocos de ellos se van a los trámites y servicios», dijo Franco.

Tan solo este año, entre censos y encuestas, el Inegi llevará a cabo 24 ejercicios relacionados con Gobierno, seguridad pública y justicia.

A través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, se sabe que 1.6 millones de empresas sufrieron de algún delito en 2015 (último dato disponible), además de que hay una cifra negra (casos que no se denuncian) de 90.3 por ciento de los delitos cometidos.

«En estos casi 10 años de hacer estas encuestas hemos ido cubriendo necesidades de información», dijo Franco.

No obstante, admitió que dichas cifra no se han traducido en políticas públicas para atacar tanto la corrupción como la violencia, por la falta de continuidad en los programas de Gobierno.

Por otra parte, los organismos empresariales están incursionando en el levantamiento de estadísticas para hacer visible los problemas que aquejan a sus agremiados.

A inicios de 2018, Coparmex empezó a levantar datos con sus afiliados y una de las conclusiones es que el 51 por ciento de los empresarios fueron víctimas de robo.

«Esta es una forma de tener información relativamente frecuente con respecto a la experiencia de seguridad y corrupción con los empresarios. Y también por la necesidad de generar información a nivel estado», afirmó María Montoya, directora del proyecto Data Coparmex.

Fuente: Reforma, Sección Negocios, 01 de Octubre, 2018