El acuerdo que alcanzaron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas constructoras de gasoductos regresa la certidumbre al sector privado, pese a que se desconocen los detalles del pacto. «Es un factor positivo para el crédito de estas empresas, ya que brinda certidumbre a las inversiones y asegura que los proyectos continuarán avanzando», señaló Moody’s en un comunicado. Además, indicó que las tarifas disminuirán y, a pesar de que los plazos de los contratos cambian, el retorno de las inversiones para las empresas no tendrá un impacto material.

Tras haber calificado los contratos con las empresas de transporte de gas como «leoninos» e iniciar un proceso de arbitraje internacional contra IEnova, TC Energía, Carso y Fermaca en julio pasado, el Gobierno federal se sentó a negociar.

Lo que se divulgó del acuerdo es que se establecieron tarifas fijas niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y de fuerza mayor y desistimiento de las partes de cualquier acción legal.

Los contratos permitirán a CFE comercializar 8 mil 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, 63 por ciento para su consumo y el resto para la industria nacional.

El primer gasoducto en entrar en operación es el marino Sur de Texas-Tuxpan. Se espera que esto ocurra antes del 1 de septiembre.

Junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim, dueño de Carso, destacó que con el cambio la CFE pagará una renta fija en lugar de rentas crecientes durante la vida del contrato.

Como parte de la negociación, reveló que cuando el ducto no se esté utilizando, se podrá rentar a terceros y lo que se obtenga, 50 por ciento será para CFE.

Especialistas consideraron positivo el acuerdo para garantizar el abasto de gas natural.

Luis Miguel Labardini, socio de la firma Marcos y Asociados, destacó el efecto en la inversión.

«Esto ayudará a repotencializar la inversión, incluso permitiría que los industriales quieran ayudar con el desarrollo, tal vez con infraestructura que permita un mayor abasto a la Península de Yucatán u otras zonas prioritarias», precisó.

Rosanety Barrios, especialista en energía, agregó que se logra un reacomodo financiero en el que todos los actores cuidan sus intereses y el Gobierno legitima los contratos.

Cada empresa hizo un ajuste financiero para lograr un ahorro con un mayor plazo en los contratos, mayor volumen de venta y una estructura distinta en los pagos.

Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, calificó como positivo el acuerdo, aunque criticó su tardanza.

«Si bien el problema surge desde las Administraciones anteriores donde se planeó la construcción de ductos sin su infraestructura asociada, en el periodo de transición el nuevo Gobierno debió tomar acciones inmediatas y no comenzar un conflicto legal, ahora celebran la resolución a un conflicto que ellos mismos crearon», puntualizó.

Una fuente involucrada con el tema cuestionó la justificación jurídica que hará la CFE para modificar los plazos de los contratos de 25 a 30 o 35 años y los volúmenes de gas entregados.

«Lo que dicen es que ampliaron el volumen, en el caso de Carso dijeron que era de 472 millones de pies cúbicos diarios y se amplió, va a transportar más, pero tendrá que hacer alguna inversión como compresión. CFE contrató un volumen, pero ahora comprarán más», destacó.

Fuente: Reforma, Sección Negocios, Agosto 28, 2019