El Gobierno federal utilizará la nueva ley antifactureras para castigar con 14 y hasta 20 años de cárcel a los empresarios que contraten u ofrezcan servicios de outsourcing ilegal.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este tipo de prácticas laborales serán sancionadas como delito grave, es decir, sin derecho a fianza.
El Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, explicó que se investigará y perseguirá como delincuencia organizada a las empresas que otorguen el servicio de subcontratación ilegal.
«La reforma va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal, es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas como en este caso es la defraudación fiscal», dijo.
«Constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas del IMSS, del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral».
Los patrones o empresas que contraten este tipo de servicios irregulares también serán sancionadas por violaciones a la seguridad nacional.
Tras reconocer que estos esquemas son «una variante de las empresas de factureros», el Procurador adelantó que se investigará a las compañías que sean reportadas por el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT.
Fuente Reforma Nacional, Enero 16, 2020
