Para erradicar el robo de combustible se requiere fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción, la inseguridad y todas esas prácticas ilegales que se han convertido en un «verdadero costo» para el país, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). «Nadie puede estar en contra del combate al robo de combustible. De hecho, la mejor opción para erradicarlo es la colaboración de todos los sectores.

Unos a través de la denuncia y otros dejando de participar en la venta de combustible ilegal», sostuvo.

El robo de combustible o «huachicol» dejó una pérdida de 60 mil millones de pesos en 2017, lo que representó 13.5 por ciento del valor total de las ventas internas de gasolinas, de acuerdo con datos de las autoridades, citó el organismo en su reporte económico semanal.

«Evidentemente, el costo de 2018 habrá sido mucho mayor dado el constante crecimiento de este delito», expuso el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Sin embargo, señaló, la estrategia de cerrar los ductos para evitar que los delincuentes pudiesen drenarlos y sustituir su distribución mediante una flotilla limitada de camiones tanque fue rebasada por la demanda estacional de finales de año.

Refirió que hoy suman nueve entidades como las más afectadas por el problema de distribución de combustibles, que son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, México, Q,uerétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, y la Ciudad de México.

El CEESP sostuvo que el problema del combustible afecta seriamente a todos, pero en particular a quienes menos tienen porque, en muchos casos, es un insumo importante en su actividad diaria y la generación de ingresos para su familia.

Remarcó que la preocupación aumenta ante imposibilidad de mover las flotillas de transporte y podría comprometer la distribución de víveres, como lo ha señalado la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), lo que podría llevar a compras de pánico y posiblemente a un impacto en los precios al consumidor.

El sector privado acotó que aún es prematuro considerar un costo cuando todavía no hay datos duros de las actividades afectadas por la escasez de energéticos, pero los primeros perjudicados serán los distribuidores de combustibles con un tercio de sus ingresos en los días que lleva el problema.

El costo ascendería a poco más de seis mil millones de pesos, lo que representa el 0.03 por ciento del Producto Interno Bruto ( PIB), expuso.

«Aunque podría parecer mínimo, no obstante, a esto habría que incluir el costo de diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto el impacto no sea mayor a una décima del Producto», añadió.

(Fuente: Ovaciones, Información ,Finanzas ,Redacción, P4, 14/01/2019)