Las empresas que operan en el país ya pueden sumarse activamente a la lucha contra la corrupción a través de la norma internacional antisoborno ISO 37001, la cual busca eliminar este tipo de prácticas en las transacciones que realizan con entes económicos o gubernamentales y disminuir el nivel de impunidad de este delito, aseguró Carlos Pérez, director general de NYCE. Más que buenos deseos, lo que se requiere para combatir la corrupción son hechos concretos y esta certificación es una herramienta con la que se puede apoyar el combate de esta práctica”, indicó el responsable del organismo de certificación de normas internacionales.

En entrevista, destacó que aquellas empresas que se certifiquen con esta norma, lo cual es posible hacer desde finales del año pasado, podrán demostrar que su organización opera conforme a las mejores prácticas internacionales en materia de anticorrupción. El objetivo es que las empresas ejecuten las mejores prácticas reconocidas globalmente para prevenir, detectar y responder ante la corrupción, un delito que ha alcanzado niveles históricos”. ESCALA GLOBAL Tan sólo en el último año, México cayó tres lugares más en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC2018), ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global.

De acuerdo con Transparencia Internacional, el país se ubica entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Los 28 puntos que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del Índice de Percepción de la Corrupción de esta organización lo colocan en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica. Un análisis de Transparencia Mexicana identifica que el grueso de las medidas adoptadas es de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces. Para Carlos Pérez, la certificación ISO 37001 puede contribuir a revertir esta tendencia.

Países como Brasil, Chile y Perú, cuya percepción de la corrupción también alcanzaba niveles preocupantes, han comenzado a revertir la tendencia con la adopción de esta herramienta, pues en esas naciones estuvo disponible poco después de su creación que fue en 2015, lo que además se alineó con las políticas de los nuevos gobiernos”.

REQUISITOS

De acuerdo con el directivo, los requerimientos son genéricos, por lo que es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tipo, tamaño o naturaleza de actividad, y sin importar el sector al que pertenezca. “El objetivo es eliminar el costo que genera la corrupción en cualquier unidad económica”. De acuerdo con las estadísticas del sector empresarial, en México este delito cuesta 10% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año y las empresas pierden hasta 5% de sus ventas en sobornos.

La idea es que esos recursos se destinen a proyectos productivos que se traduzcan en nuevos empleos, que es lo que el país necesita para crecer”. Actualmente, NYCE orienta a un total de 50 empresas en el tema de las auditorías que se requieren para definir los controles necesarios para obtener la certificación. La idea es que esta certificación proteja a las empresas a la hora de participar en licitaciones, a fin de que los fallos únicamente respondan a las capacidades de éstas y no a pagos extraoficiales o palancas”. ASPECTOS

Se establecen controles internos para que las gestiones de trámites se realicen adecuadamente. Se fijan procesos de control financiero en las organizaciones como la reducción de uso de efectivo, la bancarización de todo tipo de pagos y un proceso de auditoría interna que permita validar que las salidas de efectivo coinciden con las operaciones registradas.

Se ponen controles no financieros como la precalificación de proveedores a efecto de que las condiciones de contratación sean claras y transparentes por parte de la organización. Se adquieren compromisos internos con el personal como realizar acciones antisoborno, se crea un código de ética, el mismo que debe ser firmado por los empleados, y se fija un canal de denuncia.

(Fuente: Excélsior / Distrito Federal / Internet, Información, 02:22, 22/02/2019)